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Presentan oficialmente Ley de Comunicación Social. Con motivo de la publicación de la Ley de Comunicación Social en la Gaceta Oficial este miércoles, un panel presentó oficialmente la legislación y sus reglamentos (los decretos 101 y 102 de 2024), e informó sobre su alcance y trascendencia.

El panel en la Sala Che Guevara estuvo integrado por Humberto Fabián Suárez, miembro de la comisión redactora de la Ley de Comunicación Social, presidente del consejo de la Marca País; Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Información y Comunicación Social, miembro de la comisión redactora de la Ley de Comunicación Social; Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba.

Castillo Corderí afirmó que esta es una jornada trascendental para la comunicación social en Cuba. Aseveró que se trata de una norma que tiene el espíritu del diálogo, que “está en su génesis”.

“Estamos coronando desde el punto de vista legislativo dos grandes procesos, que han tenido que ver con la voluntad política de la dirección del PCC de transformar la comunicación social”, afirmó.

Según el vicepresidente del Instituto Cubano de Información y Comunicación Social, se cierra un ciclo de más de 40 años de “debates, aspiraciones, insatisfacciones y sueños de sectores profesionales y académicos que plantearon la necesidad de transformar el sistema comunicacional de Cuba”.

Destacó que no pudiéramos disponer de una Ley de Comunicación Social “sin el aporte extraordinario de la academia cubana”.

En la Ley, puntualizó, están presentes los principales preceptos que la academia ha sostenido en el tiempo en el campo de la Comunicación.

“Cumple varios mandatos políticos. Uno de ellos, yo diría que el más importante, es el mandato de la Constitución. Estamos hablando de muchísimos artículos que tienen una expresión y desarrollo en la legislación”, dijo.

Señaló que no solo se trata de artículos relacionados con la transparencia y obligación de los servidores públicos de brindar información, sino que “también estamos deteniéndonos en elementos vitales que tienen que ver con el ejercicio de la prensa en Cuba, incluida la prensa extranjera.

“Tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a recibir y solicitar información”. De acuerdo con Castillo Corderí, es “muy difícil” encontrar en otras latitudes normativas que, desde el mandato constitucional y la “implementación de una norma de este tipo”, pauten “de manera tan singular y con tanta claridad” la obligación de los servidores públicos de compartir y comunicarse con el pueblo.

La norma, señaló, respalda la voluntad política de la nación. Subrayó que la Ley de Comunicación Social tiene un carácter inédito. “No ha existido en Cuba y no existe en prácticamente ningún lugar del mundo una norma que tenga una conceptualización del proceso de comunicación social con la envergadura y complejidad que el país asume”.

Más de 7 000 personas de diferentes sectores y campos del saber participaron en los debates presenciales de la Ley.

Humberto Fabián Suárez, miembro de la comisión redactora de la Ley de Comunicación Social y presidente del consejo de la Marca País, se refirió al Decreto 102, Reglamento para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio.

“Es una norma inédita en los últimos 70 años en Cuba. La última disposición que regulaba la publicidad esencialmente en los medios data de 1955”, aclaró.

Suárez definió publicidad en Cuba como comunicación con fines comerciales.

“No podríamos aparecernos con una norma a partir de las tendencias de la publicidad contemporánea, cuando este es un mercado que está en formación por determinadas limitaciones. De manera tal que habría que regular asuntos que ya están superados en otros lugares, que en Cuba son necesarios, sin desconocer los aportes del desarrollo de la publicidad contemporánea”, recordó.

El presidente del consejo de la Marca País destacó que no fueron incluidos anglicismos en la Ley ni en los reglamentos.

“Algo que no puede obviarse en esta disciplina es el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que también tiene puntos de contacto en este decreto”, dijo.

La Ley define qué es publicidad ilícita en su glosario.

“El Decreto 102 tiene 180 artículos, de los que 119 regulan la publicidad, 35 el patrocinio, y el resto la responsabilidad administrativa, infracciones, medidas aplicables, las multas, las autoridades facultadas para aplicar las medidas, los procedimientos y los recursos de apelación”, explicó.

“Se regula la protección a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad”, dijo.

Recordó que el decreto entra en vigor dentro de 120 días.

Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, dijo que la Ley es un tributo a una necesidad de un Gobierno como el de Cuba.

Destacó la labor y el compromiso de la ACCS a lo largo de 33 años con la promoción y desarrollo de la comunicación social en Cuba.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, afirmó que “nos sentimos beneficiarios y constructores de esta Ley”.

Afirmó que desde los 80, se abordaba en las reuniones de la UPEC la importancia de que Cuba contara con un “instrumento legal de esta naturaleza”.

La Ley recoge, aseveró, las luchas de los profesionales de la prensa y la información en Cuba a lo largo de muchos años.

Ronquillo destacó que la Ley fue aprobada en “tal vez el contexto más difícil desde el punto de vista comunicacional que ha enfrentado Cuba en su historia.

“Un momento en que la agresión contra Cuba se concentra especialmente en el ámbito comunicacional”.

Afirmó que sin los conceptos recogidos en la Ley, no se hubiera podido avanzar en proyectos como el “experimento con 17 medios de comunicación para la transformación estructural más profunda del sistema de prensa de Cuba después del triunfo de la Revolución: una transformación editorial, buscando superar las deformaciones de modelo de prensa que heredó Cuba del campo socialista; una transformación económica, tratando de devolver al sistema de prensa la naturaleza económica que perdió a lo largo del proyecto revolucionario, y una transformación tecnológica”.

Para el presidente de la UPEC, la Ley es “la sombrilla legal” mediante la cual los sistemas de prensa y de comunicación cubanos “van a vivir su transformación más importante”.

La Ley de Comunicación Social fue aprobada en mayo de 2023 por La Asamblea Nacional del Poder Popular, en su décima legislatura, durante la segunda sesión extraordinaria en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El instrumento jurídico, inicialmente como Decreto-Ley y luego como Ley, es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva, en el que participaron profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones hasta llegar a la versión 34 del documento.

Descargue aquí: Ley de Comunicación Social